Quedando de acuerdo que segun la Declaracion del 48:
Artículo 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y en los acontecimientos del 27 y 28 de Febrero se vivieron momentos de tortura.Reseña de ese dia y diganos ustedes si no fue asi. Y si no hubo tortura?
27 Y 28 DE FEBRERO DE 1989
Al poco tiempo de iniciar Carlos Andrés Pérez su segundo período
presidencial, tuvo lugar entre los días 27 y 28 de febrero de 1989 un estallido masivo y sorpresivo de violencia
popular. La magnitud del hecho estremeció a la sociedad venezolana e
impactó a la opinión pública internacional, debido al alto grado de
popularidad que tenía la figura de Pérez y que se vio expresado en la
gran cantidad de votos con los cuales resultó electo y que le daban
un-supuesto-amplio margen de acción para su gestión gubernamental. En
este sentido, el 16 de febrero de 1989 el recién posesionado presidente
de la República Carlos Andrés Pérez, presentó ante el país un programa
de ajustes macroeconómicos llamado popularmente "paquete económico",
concebido para generar cambios sustanciales en la economía nacional.
En términos generales, el paquete comprendía decisiones
sobre política cambiaria, deuda externa, comercio exterior, sistema
financiero, política fiscal, servicios públicos y política social. Entre
las principales medidas anunciadas figuraban la decisión de acudir al
Fondo Monetario Internacional y someterse a un programa bajo supervisión
de ese organismo con el fin de obtener aproximadamente US $
4.500.000.000.000 en los 3 años siguientes; la liberación de las tasas
de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta un tope
temporal fijado en alrededor del 30%; unificación cambiaria con la
eliminación de la tasa de cambio preferencial; determinación de la tasa
de cambio en el mercado libre de divisas y realización de todas las
transacciones con el exterior a la nueva tasa flotante; liberación de
los precios de todos los productos a excepción de 18 reglones de la
cesta básica; incremento gradual de las tarifas de servicios públicos
como teléfono, agua, electricidad y gas doméstico y sinceración general
de precios de las empresas públicas; aumento anual en el mercado
nacional durante 3 años de los precios de productos derivados del
petróleo, con un primer aumento promedio del 100% en el precio de la
gasolina; aumento inicial de las tarifas del transporte público en un
30%; aumento de sueldos en la administración pública central entre el 5 y
el 30% e incremento del salario mínimo a Bs. 4.000 en el área urbana y a
Bs. 2.500 en el área rural; racionalización y eliminación progresiva de
los aranceles a la importación; reducción del déficit fiscal a no más
del 4% del producto territorial bruto (PTB) y congelación de cargos en
la administración pública.
Todas las medidas mencionadas anteriormente excepto la
última eran de aplicación inmediata. En tal sentido, el alza de la
gasolina debía efectuarse a partir del 26 de febrero de 1989 y las
tarifas del transporte público urbano en un 30% a partir del 27 de
febrero, válido para los 3 meses siguientes, después de los cuales
podrían aumentarse hasta el 100%. No obstante, los transportistas no
estuvieron de acuerdo con el aumento inicial del 30% al considerar que
el mismo debía ser de al menos un 70%, por lo que la Cámara del
Transporte convocó un paro para el día 27 de febrero como medida de
presión sobre el Ejecutivo Nacional. Ese día los choferes de las rutas
interurbanas (sobretodo las que cubrían el trayecto entre Guarenas y
Caracas) iniciaron sus recorridos habituales tratando de imponer sus
tarifas y desconociendo el pasaje estudiantil. Ante tales circunstancias
los usuarios reaccionaron con un alto grado de violencia contra las
unidades de transporte, muchas de las cuales fueron destruidas y
quemadas. Asimismo, en poco tiempo la violencia se desbordó al comenzar
el saqueo y destrucción de locales comerciales, desde pequeños abastos
hasta supermercados; también fueron atacados diversos tipos de locales
comerciales, talleres y pequeñas fábricas; y tuvieron lugar intentos de
penetrar por la fuerza en áreas residenciales de sectores de clase media
y alta. En cuanto a los protagonistas de los actos vandálicos, tenemos
que los mismos fueron perpetrados en su mayor parte por sujetos de
estratos populares, aunque también estuvieron involucrados individuos
pertenecientes a la clase media.
Los actos de violencia del 27 de febrero de 1989 se
iniciaron en Guarenas (Edo. Miranda) y en algunas zonas del área
metropolitana de Caracas como Caricuao, los alrededores del Nuevo Circo y
La Guaira. Posteriormente, la onda de violencia de extendió a otras
zonas del área metropolitana de Caracas y las principales ciudades del
interior del país como Maracay, Valencia, Barquisimeto, Mérida y Ciudad
Guayana. El estallido tuvo un carácter espontáneo; es decir, las
acciones no fueron dirigidas por organizaciones partidistas o de otro
tipo, y en ellas se combinaron actos violentos de protesta popular,
junto con hechos de evidente orientación delictiva. Aunque el alza de
los precios de los pasajes del transporte colectivo fue el detonante de
los hechos del 27 de febrero, para comienzos de 1989 se vivía en el país
un gran desasosiego ante las expectativas y conflictos generados en
torno al cambio de rumbo de la política económica llevado a cabo por
Carlos Andrés Pérez y su gabinete. Por otra parte, esta situación de vio
agravada a lo largo de enero y febrero de 1989, cuando se desató el
acaparamiento y la especulación con los productos de primera necesidad,
lo que causó desabastecimiento e inflación. Es por ello que luego de la
inicial reacción en contra de los transportistas y sus unidades, la
acción popular se extendió en contra de los locales comerciales de
expendio de bienes de consumo, en cuyos depósitos fueron encontrados
muchos de los productos que habían desaparecido en los meses que
precedieron al estallido.
Dado el carácter simultáneo, masivo, sorpresivo y
violento de los acontecimientos del 27 de febrero, las fuerzas
policiales regulares se vieron superadas por los mismos, dando la
impresión de no saber como actuar ante un fenómeno de violencia social
de tal magnitud. En virtud del desbordamiento de la situación, hacia el
mediodía del día 28 el presidente Pérez, reunido con el Consejo de
Ministros, ordenó a la Guardia Nacional y al Ejército reprimir los
disturbios. Igualmente decretó el estado de emergencia, previsto en el
artículo 240 de la Constitución de 1961, con lo que quedaron suspendidas
un grupo de garantías constitucionales durante los 10 días siguientes.
Las Fuerzas Armadas asumieron el control del orden público y se
estableció un toque de queda a lo largo del territorio nacional. Pasados
los 10 días, el presidente Pérez solicitó la autorización del Congreso
para mantener el estado de emergencia, la cual fue concedida aun cuando
se restituyeron algunas garantías y se suprimió el toque de queda. Como
consecuencia de los actos de saqueo que siguieron durante la suspensión
de las garantías y la paralización del país, se produjeron enormes
pérdidas para los dueños de los locales comerciales y de los transportes
urbanos. El balance de perdidas humanas dejado por los hechos del 27 de
febrero de 1989 fue según cifras oficiales de 300 muertos y más de un
millar de heridos. Sin embargo, de acuerdo con algunos reportes
extraoficiales el número de muertos llegó al millar. La mayor porción de
las víctimas de este estallido resultó a consecuencia de la
intervención de la Guardia Nacional y del Ejército en el control del
orden público, lo sería repudiado y serviría de justificación para los
militares que se alzaron el 4 de febrero de 1992.
En términos generales, las condiciones socioeconómicas
generadas a partir del 18 de febrero de 1983, cuando tuvo lugar una
drástica devaluación del bolívar, y acentuadas por las irregularidades
en el intercambio económico ocurridas durante los últimos meses de 1988 y
primeros de 1989, crearon en la población fuertes sentimientos de
frustración socioeconómica y falta de credibilidad en la capacidad y
voluntad de las autoridades públicas y de los agentes económicos para
actuar con seguridad y equidad. Por otro lado, el proceso electoral de
1988 había generado ciertas expectativas de superación socioeconómica y
política del país, sobretodo en torno a la figura de Carlos Andrés Pérez
quien de alguna manera prometió durante la campaña electoral la
posibilidad de la vuelta a la bonanza económica experimentada en su
primer mandato (1974-1979). Sin embargo, el anunció del programa
económico liquidó las ilusiones de la población y acentuó el desencanto
no sólo hacia el gobierno de Pérez sino hacia un sistema político que
evidenciaba la carencia de canales adecuados para la participación
política y social. Por tal motivo, a raíz de los sucesos del 27 y 28 de
febrero de 1989, fueron severamente cuestionados los partidos y
organizaciones políticas (sobretodo AD y COPEI), al ser presentados como
factores contrarios al cambio y sordos a las necesidades de la
población, lo cual se evidenciaría en la situación crítica que se
experimentó en los años venideros, y que daría paso a dos golpes de
Estado en 1992.
Evaluación de la
coyuntura política (ACTUAL):
A pesar de las diferentes concentraciones que nos llenan de beneplácito el
apoyo a la revolución. En el caso de fascismo entre nuestra misma gente:
debemos prevalecer la dialéctica, en este proceso político. Quedando demostrado
que hay un aprendizaje revolucionario en todas las movilizaciones a pesar de
las diferencias dejamos demostrado que estamos en una sola línea Unidad, calle
y victoria. Este es un proceso consiente. Debemos acabar con el fascismo y
educación bancaria.
Todo esto es un golpe de estado continuo, a pesar de todo hemos
evolucionado por las asesorías en el tema de la Paz. No hemos enfrentado ya que
eso generaría una guerra civil. Si se
hubiese dado el enfrentamiento entre el pueblo la OEA nos interviene. Tenemos conciencia entre las militancias y
así mismo en la oposición (por los diferentes comentarios en la calle). Hay que reconocer la madurez en el pueblo
pero no podemos confiramos.- Debemos profundizar guerra económica,
paramilitares e inseguridad. Esta es una
guerra asimétrica debemos hacer un contra ataque.- Eso debe hacerse en la comunidad organizada, es
necesario abordar en formación en ese núcleo que es la COMUNIDAD.
Evaluación de la agenda de la oposición: la cual es para saboteos en
diferentes estados y puntos turísticos, una de las características es la
crudeza de su conformación. El fascismos por ser expresión de la ultra derecha
es más decidida e influencia por el gran capital. Esta es una lucha política y la oposición
estará presente mientras no cale el socialismo en todo el pueblo vulnerado.
Debemos valorar todo lo que estamos haciendo: lo que nos importa, lo que nos
frena y lo que demostraremos en un momento determinado. Tenemos que estructurar los momentos históricos,
debemos derrotar el fascismo social. Debemos afianzar las alianzas para el proceso
opositor. Evaluar el aprendizaje de todas y todos, para promover la unidad orgánica.
RECONOCIENDO QUE DESDE 1999 VIVIMOS EN LA UNION CIVICO - MILITAR
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